¿El Art.380.8 del CGP en la redacción dada por la ley 19090, derogo el Art.25 del decreto- ley 15322 ?

 

¿El Art.380.8 del CGP en la redacción dada por la ley 19090, derogo el Art.25 del decreto- ley 15322[ii]?



 

CODIGO GENERAL DEL PROCESO (en adelante CGP)

Ley 19090.

¿El Art.380.8 del CGP en la redacción dada por la ley 19090, derogo el Art.25 del decreto- ley 15322[ii]?

Recientemente ha entrado en vigencia la ley 19090, la cual ha introducido diferentes reformas a la ley 15.982, o mejor conocida como Código General del Proceso (en adelante CGP).-

Las principales reformas introducidas por la novel, nueva norma jurídica, se centran en su importancia mayor en la llamada etapa de ejecución de sentencia.-

A título meramente enunciativo, y en lo que corresponde a la etapa procesal enunciada la ley 19090, ha modificado las defensas que se pueden incoar en la etapa de ejecución (Art.379), la extensión del embargo genérico (art.380.2), se ha suprimido la etapa de tasación, se ha introducido mejoras sustantivas a la etapa de estudio de títulos y aprobación (Art.384), etc.-

En cuanto a las novedades, y a lo que se relaciona con el objeto del presente el Art. 380.8 en la redacción dada por la ley 19090, crea la figura del embargo de cuentas bancarias no identificadas, aplicable “para el exclusivo caso de títulos de vía de apremio, sin perjuicio de lo previsto por el articulo 379…”.-

II). JURISPRUDENCIA y DOCTRINA ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 19090.-

Previo a la entrada en vigencia de la ley 19090, para trabar embargo especifico en una cuenta bancaria, la practica forense enseñaba que se debía de comparecer ante la Sede Judicial Competente (Sede Judicial de la Ejecución), y solicitar la traba de embargo en la cuenta bancaria, solicitándose el numero identificatorios de cuenta bancaria, sus titulares, Institución Bancaria, etc, y previo decreto judicial y si constaban todos los datos requeridos por el oficio, se decretaba la medida de embargo y se oficiaba a sus efectos a la Institución Bancaria correspondiente.-  

La sentencia No.430 del 2/8/1995, dictada por la Suprema Corte de Justicia, ratifica la práctica forense reseñada[iii].-

Dicha Sentencia a la cual nos remitimos sostiene que “… haber procedido al bloqueo de la cuenta de su cliente sin que se le proporcionará el numero de la misma, que es el elemento esencial para su individualización, hubiera violado el deber de guardar secreto el secreto estatuido en la referida norma legal (Art.25 decreto- ley 15.322) Dicha norma dispone “las empresas comprendidas en los artículos 1° y 2° de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional, y sólo pueden, ser reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud.“.-

La Corte citando a Cervini, expone que “previamente, cabe precisar que el ámbito institucional del decreto- ley… reposa en un criterio funcional…”.

En el mismo orden, se expresaba citando a Olivera García que “la doctrina vernácula ha puesto especial énfasis en afirmar que “… la consagración de un régimen que asegure el decreto de las actuaciones bancarias constituye un pilar indispensable para el desarrollo de un centro financiero internacional…”

Coincidentemente se expone que Creimer indica que “No solo se trata de tutelar el interés privado de una persona sino del interés público en mantener la estabilidad del sistema financiero que nuestra legislación ha querido fomentar y desarrollar…”

Citando a Bergstein se dice que “… para que se cumpla con el pedido de embargo, el mismo debe venir acompañado de todos los elementos de individualización…” y en el mismo sentido Cervini dice que “trabar embargo sobre una cuenta a cuyo número evidentemente puede acceder la institución bancaria pero que no le ha sido proporcionado por el embargante, implicaría “… dar a conocer informaciones confidenciales… sobre sus clientes”.-

La sentencia mencionada de la cual se ha extraído diferentes extractos de la misma fue brillantemente comentada por los Dres. Jean J. Bragard y Adrian Leiza[iv] , los que expusieron entre otros conceptos que fue la propia Corte que marco “… la importancia que se daba al secreto bancario. Al respecto se establecia que como contrapartida de la importancia que se otorga al deber de reserva bancaria se ha determinado que su violación constituya delito”, que las operaciones pasivas tal como es el embargo de una cuenta bancaria están expresamente incluidas en el artículo 25 de la ley al igual que las llamadas “informaciones confidenciales”…” Y expresaban que “estamos en presencia de una reserva “casi absoluta” en virtud de que la propia norma establece las excepciones por las cuales únicamente se puede revelar la información…” y “… solamente estarían habilitadas a trabar embargos sin que se les proporcione el numero de cuento cuando la ley expresamente las autorice”.-

III). El artículo 380.8 del CGP.-

Ahora bien a partir de la entrada en vigencia de la ley 19090, el inciso 8 del artículo 380, bajo el rotulo de Embargo de Cuentas Bancarias no Identificadas, y de aplicación en exclusiva para titulos en via de apremio y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 379 del mismo cuerpo normativo, la facultad de solicitar a la Sede Judicial que se encuentra tramitando la via de apremio la traba de embargo en cuentas y depósitos del ejecutado que el mismo posea en el Sistema de Intermediación Financiera, requiriendo la norma únicamente o en su defecto sin necesidad de otra identificación que el nombre completo de la persona física y su numero identificatorios oficial (Numero de documento de identidad) o el nombre y tipo social de la persona jurídica y el numero identificatorios oficial de la misma (RUT).-

La norma enunciada determina el procedimiento a seguir y los plazos de que goza el Banco Central del Uruguay, para comunicar la medida a las Entidades del Sistema de Intermediación Financiera y el plazo de estás para comunicar a la Sede Judicial.

El precepto legal, describe en el inciso segundo una forma de averiguación interna en cuanto a que enseña que las entidades que tengan cuentas abiertas a nombre del ejecutado deberán de informar. Si bien antes de la vigencia de la presente regla de derecho, las instituciones de intermediación financiera tenían dicha información, la solicitud de una búsqueda sin los datos identificatorios precisos de la cuenta importaba en la interpretación realizada por la SCJ en la sentencia enunciada más arriba, una violación del secreto bancario (artículo 25 de la 15.322).-

De lo enunciado y al encontrarse en la actualidad vigente el Artículo 380.8 del CGP, y siendo legalmente posible el embargo de cuentas bancarias no identificadas con el solo cumplimiento de los mínimos requisitos exigidos por la norma enunciada, el legislador ha derogado lo preceptuado en el artículo 25 del decreto – ley 15.322, primando entonces en la actualidad otros principios diversos, distintos, que los que se tuvieron en consideración al momento de dictado del decreto- ley 15.322.-

La derogación implícita que conlleva el artículo 380.8 del CGP, con relación al secreto bancario estatuido por el artículo 25 del decreto – ley 15.322, puede resultar peligrosa para el desarrollo del sistema de intermediación financiera, el cual ha prestigiado a nuestro país, por el secreto bancario.-

MARCELO SICA PEREZ

ABOGADO

 

 



Art.380.8 del CGP “Embargo de cuentas bancarias no identificadas. Para el exclusivo caso de títulos de vía de apremio, sin perjuicio de lo previsto el artículo 379, procederá el embargo de las cuentas y depósitos del ejecutado en Entidades del Sistema de Intermediación Financiera, sin necesidad de otra identificación que el nombre completo de la persona física o nombre y clase de persona jurídica, conjuntamente con un número identificatorios oficial. Dicho embargo comprenderá la suma adeudada más un 20% (veinte por ciento) para ilíquidos y quedará trabado con la providencia judicial que lo decrete y se

notificará al Banco Central del Uruguay (BCU), quien lo comunicará por un medio fehaciente, en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, a todas las Entidades del Sistema de Intermediación Financiera. El embargo se hará efectivo con la notificación a dichas Entidades.

Las Entidades que tengan cuentas bancarias abiertas a nombre del ejecutado deberán informar a la Sede judicial, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación que les realice el Banco Central del Uruguay, según lo dispuesto en el inciso anterior, la existencia y cuantía de los fondos y valores, en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, de los cuales el titular es el ejecutado. Dichos datos sólo podrán ser tenidos en cuenta a los efectos de adoptarse embargo específico en esa ejecución. Se excluye de este procedimiento de embargo a las cuentas y depósitos de ahorro previo de vivienda radicados en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).”

                                                                                 

[ii] Decreto – ley 15322 CAPITULO VI Secreto profesional- ARTICULO 25 - Las empresas comprendidas en los artículos 1° y 2° de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional, y sólo pueden, ser reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud.

 

[iii]  Publicada en ANUARIO DE DERECHO COMERCIAL Tomo 7. FCU. Año 1996. Pag. 461 a 467.-

 

[iv] A.D.C. Tomo 7. F.C.U., PÁG. 467 y ss.-