ACCIONES AL PORTADOR. DECLARACION DE LEY 18930 , Y LA LEY 19090

 

 

 

 

 

 

ACCIONES AL PORTADOR DECLARACION DE LEY 18930[1], Y LA LEY 19090.-

 

i). La ley 18930.-

 

ii). Embargo de las acciones al portador.

 

iii). Aplicación de la Ley 19090 – Articulo 380.2 –

 

iv). Aplicación de la ley 19090 – Articulo 379.7 –

 

v). Derogación o no de lo dispuesto en el Articulo 5º de la ley 18930.-

 

vi). Plazos.-

 

 

ACCIONES AL PORTADOR DECLARACION DE LEY 18930 , Y LA LEY 19090.- i). La ley 18930.- ii). Embargo de las acciones al portador. iii). Aplicación de la Ley 19090 – Articulo 380.2 – iv).  Aplicación de la ley 19090 – Articulo 379.7 – v). Derogación o no de lo dispuesto en el Articulo 5º de la ley 18930.- vi). Plazos.- Desarrollo.- i). la ley 18930, publicada en el Diario Oficial el 27 de Julio de 2012, titulada ley de Convergencia Técnica en Materia de Transparencia Fiscal  Internacional, comenzó a regir el 1º de Agosto de 2012, modificando el régimen hasta la fecha vigente en relación  con las acciones y demás participaciones patrimoniales emitidas al portador. Dicha ley creo el registro de acciones al portador por medio del cual los accionistas dueños de dichas acciones deben registrarse, así como cualquier cambio en la titularidad de las acciones (articulo 1º ley 18930 ) Por imperativo legal dicho registro es llevado por el Banco Central del Uruguay y quedará en manos del mismo, teniendo como característica el carácter secreto.- Las personas que quebranten o violen el secreto estatuido serán pasibles de las sanciones que se establecen en la misma norma (ley 18930 Art 5 ). Según lo dispuesto por el legislador en la ley enunciada podrán tener acceso a la información, la DGI de Uruguay dentro de una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados; las Direcciones Impositivas Extranjeras, cuando sean solicitadas a la DGI de Uruguay por medio de solicitudes expresas y fundadas en el marco de convenios internacionales ratificados por el Uruguay en materia de intercambio de información;  la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y Secretaria Nacional Antilavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en el marco de tareas relacionadas con la lucha del contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo; cuando lo solicite la Justicia Penal por resolución fundada o por Resolución de la Justicia Civil solo en el caso de una obligación alimentaria y por último la junta de transparencia y ética pública en lo vinculado a su competencia.-

ii). Ahora bien, en el marco de la actual redacción conferida al Código General del Proceso por la ley 19090, no cabe dudas de que las acciones al portador pueden ser objeto de embargo especifico, el cual se hará efectivo como cualquier embargo de bienes concretos, y deberá de procederse al secuestro de dichas acciones para proceder luego de conformidad.-

iii). Visto lo anterior corresponde relacionar dicho extremo con lo dispuesto en forma específica con el artículo 380.2 del CGP , en la redacción dada por la ley 19090.- En dicho sentido se comparte los más que correctos conceptos y opinión expresada por el Dr. Gabriel Valentin, en el Semanario “Economía & mercado – Comentarios legales pág.17 del Lunes 2 de Setiembre de 2013, bajo el rotulo de “Embargo de las acciones al portador”, y quien expusiera que “En el nuevo sistema, el embargo genérico comprende a todos los bienes “registrables”, que el afectado tenga o pueda adquirir durante la vigencia de la medida.... La modificación es de singular trascendencia ya que ahora no algunos sino todos los bienes registrables del afectado quedaran atrapados por la medida (... bienes presentes y futuros...” En “... el caso particular del registro que lleva el BCU, no fue creado para proporcionar información a cualquier interesado, sino para cumplir con los estándares desarrollados por la OCDE, y cumplir los acuerdos celebrados por Uruguay...” Por dicha razón el artículo 5º establece la obligación del secreto, y preceptúa en forma específica los casos en que procede brindar información. (sobre este punto volveremos más adelante).- En lo relativo al embargo de las acciones al portador la mismas en principio  no quedarían alcanzadas por el embargo genérico, y debieran de ser objeto de un embargo especifico, concreto, sobre esas acciones, siendo la forma de cumplimiento de la medida cautelar la aprehensión y secuestro lo cual deberá de realizarse por el Alguacil de la Sede y no por la inscripción en el registro ya que el llevado por el BCU, no tiene por fin la anotación e inscripción de medidas cautelares sobre las acciones.-

iv). La ley 19090, en su artículo 379.7, creó el instituto de averiguación de bienes del ejecutado .- La norma de marras establece dos situaciones diversas, en cuanto a la averiguación de bienes del sujeto pasivo ejecutado.- La primera de ellas está  orientada en la facultad conferida al Tribunal de dirigirse a los “organismos y registros públicos” a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos patrimoniales de un ejecutado de los que se tuviera constancia.

La segunda facultad que se confiere legalmente al Tribunal de la ejecución,  es solicitar informes de los saldos de cuentas y depósitos que tenga el ejecutado. Siguiendo un procedimiento lógico y según lo dispuesto en el artículo 380.8, en el caso de la norma que nos ocupa, la vía que debería de seguirse si bien la norma no lo dice, es que dicha información se solicite a las empresas de intermediación financiera por intermedio del Banco Central de Uruguay, siendo suficiente con proporcionar el nombre completo de la persona física o jurídica y el numero identificatorio oficial.- El ámbito de aplicación se sitúa en la etapa de ejecución por lo cual la averiguación de bienes del ejecutado procede siempre y cuando se desconozcan bienes específicos del mismo y se haya cumplido previamente el procedimiento establecido en el articulo 379.6 ed jus dem   .-

Volviendo, al análisis de la primera de la situación planteada por la norma en estudio, facultad conferida al Tribunal de dirigirse a los “organismos y registros públicos” a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos patrimoniales de un ejecutado, no cabe duda que en dicho concepto se encuentran comprendidos todos aquellos  organismos y registros públicos de acceso público.- Se plantea la duda razonable que sucede con aquellos registros que tienen las características que establece por ejemplo la ley 18.930,“registro de acciones al portador”, el cual tiene características especiales, tales como su carácter de secreto (articulo 5).-

El Dr. Gabriel Valentin, (ver referencia No. 7), entiende que “en cambio, no quedarían comprendidos otros registros llevados por órganos públicos porque no son de acceso público. Por ejemplo, no es de acceso público el registro de acciones al portador, que lleva el Banco Central del Uruguay (al que solo puede acceder ciertos organismos y cumpliendo requisitos. Tampoco quedarían comprendidos los registros que no inscriben todos los actos...”

Si bien la posición sostenida por el Dr. Valentin encuentra solida base doctrinaria y una posición firme del mismo en cuanto a la fundamentación de la exclusión, no deja de ser menos cierto que existen asimismo fundamentos para entender la inclusión del registro creado por la ley 18.930.- Ahora bien, corresponde exponer algunos de aquellos elementos que podrían sustentar la posición de la inclusión del registro creado por la ley 18.930.-

En primer término la ley 19090, es posterior a la sanción de la ley 18.930, por lo cual nada impide que la primera haya ampliado las excepciones que se establecieron en la segunda  retro articulo 5º, no existiendo contradicción entre las consagradas en la ley 18930 y la facultad conferida al Poder Judicial en la ley 19090, articulo 379. Inciso 7. Asimismo, no deja de ser menos cierto, que no existe ninguna exclusión ni expresa ni tacita por parte de la ley 19090  de lo regulado por la ley 18930.-

En segundo término, la titularidad de acciones por parte de una persona refleja ser tenedor propietario de un bien y que dicho bien refleja un valor económico, por ende tampoco existiría meritos para que la solicitud de información quede excluida según la redacción del artículo 379.7.-

En tercer lugar, así como el legislador en el articulo 379.7 (segundo inciso)  380.8 ed jus dem, consagro una derogación tacita del artículo 25 del decreto- ley 15322 (secreto bancario) y de los casos específicos que el decreto- ley 15322, establecía como excepciones al secreto bancario, se puede también sostener pacíficamente que según lo dispuesto por la norma en estudio el codificador quiso ampliar con carácter general la solicitud de información al BCU, sobre titulares de acciones al portador en las circunstancias que establece la norma en examen.-

En cuarto lugar, como fundamento adicional lo expresamente previsto en el inciso 6 del artículo 379 in fine, ya que el fin de la norma es averiguar los bienes del ejecutado, y siendo las acciones al portador, bienes no se debería de excluir la averiguación de los mismos, salvo norma expresa que lo prohíba.-   En quinto termino, la redacción dada por el codificador al inciso en estudio es amplia, ya que el mismo estableció “...organismos y registros públicos...”, pero no dijo, y si lo podía haber hecho tranquilamente “...organismos y registros públicos de acceso público...”.- En suma nada impide sostener que se podrá con fundamento legal en el inciso en estudio impetrar al BCU, la información sobre determinado persona física o jurídica si la misma posee declaradas acciones al portador.

vi). La norma jurídica que nos ocupa - artículo 379.7 del CGP- , no establece plazos  para el cumplimiento y respuesta a la Sede Judicial por parte del organismo o registro público, por ende deberá de solicitarse al Oficio Judicial cuando se pretenda la medida que la misma sea cumplida por el destinatario dentro de un plazo prudencial, que podría ser de 10 días.- Obsérvese que el inciso anterior, de cumplimiento previo y necesario antes del presente, si establece que la intimación al ejecutado deberá de conferirse con un plazo de cinco días, y la misma puede realizarse siempre que los bienes “conocidos” del demandado (ejecutado) no fueren suficientes, para cubrir la suma debida y sus ilíquidos.-

Marcelo Sica Pérez

Abogado

Detalle Normativo.-

LEY 18930. CONVERGENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA FISCAL  INTERNACIONAL  - http://200.40.229.134/Leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18930&;Anchor=.-  

Artículo 1º. (Obligación de informar).- Los titulares de participaciones patrimoniales al portador emitidas por toda entidad residente en el país, deberán proporcionar la siguiente información a la entidad emisora, con destino al Banco Central del Uruguay: A) Los datos que permitan su identificación como titulares de las acciones, títulos y demás participaciones patrimoniales al portador. En el caso en que exista un tenedor o custodio, mandatario o quien ejerza los poderes de representación, con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales con iguales facultades que su titular, la identificación comprenderá al propietario de los títulos y a quien desarrolle tales funciones de tenencia, custodia o representación. B) El valor nominal de las acciones y demás títulos al portador de los que sea titular. Lo dispuesto en el inciso anterior alcanza a todos los títulos de participación patrimonial emitidos al portador, a los instrumentos referidos en los artículos 302 y 420 a 433 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 y a los instrumentos de naturaleza equivalente. En los casos en que se verifique desmembramiento de dominio, la información deberá comprender tanto al nudo propietario como al usufructuario. Serán aplicables a los fiduciarios de los fideicomisos y a las entidades administradoras de los fondos de inversión, las disposiciones correspondientes a las entidades emisoras. Sus beneficiarios y cuotapartistas estarán alcanzados por todas las disposiciones que la presente ley aplica a los titulares. A los efectos de la presente ley, se consideran residentes las entidades comprendidas en el artículo 13 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.      Artículo 5º. (Obligación de guardar secreto).- La información a que refieren los artículos 1º, 2º, 6º y 7º de la presente ley será de carácter secreto. El acceso a la misma estará restringido a los siguientes organismos: A) La Dirección General Impositiva, siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados, o para el cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de convenios internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, que se encuentren vigentes. B) La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en el desarrollo de tareas relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y con el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas tendientes a impedir la proliferación de armas de destrucción masiva, en el cumplimiento estricto de tales funciones. C) Por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria. D) La Junta de Transparencia y Ética Pública, siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación vinculada al ámbito de su competencia en lo dispuesto por los literales A) y B) del artículo 15 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y el artículo 51 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011.

En los casos no previstos precedentemente, la reserva solo podrá ser levantada con autorización expresa y por escrito de los sujetos cuyos datos están consignados en el registro. Lo dispuesto en el presente artículo no obstará para el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 13 de la presente ley. Los funcionarios que violaran la obligación de reserva a que refieren los incisos anteriores incurrirán en delito y serán pasibles de ser castigados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. En el caso de que la información haya sido solicitada por los sujetos comprendidos en el literal C), la obligación de reserva y el régimen sancionatorio aplicable a sus funcionarios se regirán por sus normas específicas. La obligación de guardar secreto a que refiere el presente artículo alcanza exclusivamente a la información en poder del Banco Central del Uruguay y de la Auditoría Interna de la Nación.

   380.2 ley 19090 Orden. El embargo y, en su caso, el secuestro se realizarán en el siguiente orden: bienes muebles, inmuebles, créditos y, a falta o insuficiencia de éstos, el genérico. Este orden podrá dejarse de observar solamente en caso de existir bienes hipotecados o prendados o cuando mediare conformidad expresa o tácita entre el ejecutante y el ejecutado, así como si resultare notoriamente inconveniente o inútilmente gravoso, sin ventaja para el aseguramiento de los fines de la ejecución o cuando el ejecutado ofreciere bienes prioritarios que, a juicio del tribunal, fueren suficientes para cubrir las prestaciones de la ejecución. Cuando se trate de embargo genérico, la vía de apremio se suspenderá hasta la denuncia de bienes concretos. El embargo genérico comprenderá los bienes presentes y futuros registrables del embargado. En caso de universalidades, los bienes concretos que las integran deberán ser objeto de embargos específicos. Cuando el ejecutante solicitare el embargo específico de bienes comprendidos en un embargo genérico, el nuevo embargo tendrá la fecha del embargo genérico.

  379.7 Averiguación de bienes. El tribunal podrá dirigirse a los organismos y registros públicos pertinentes a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos patrimoniales del ejecutado de los que se tuviere constancia. Ello, sin necesidad de otra identificación que el nombre completo de la persona física o nombre y clase de persona jurídica, conjuntamente con un número identificatorios oficial. El tribunal de la ejecución podrá solicitar informe de los saldos de cuentas y depósitos que pueda tener el ejecutado en las entidades del sistema de intermediación financiera   379.6 Declaración de bienes y derechos. Al promover la ejecución prevista en los numerales 1), 4), 5) y 6) del artículo 377 el ejecutante podrá solicitar, siempre que los bienes conocidos del ejecutado no fueran suficientes para cubrir la suma debida y sus ilíquidos, la intimación al ejecutado, con plazo de cinco días, para que presente una declaración de bienes y derechos de los que sea titular y resulten suficientes para hacer frente a la ejecución. El incumplimiento de ese deber, así como en caso de declaración de bienes que resulten insuficientes o en caso de ocultamiento de gravámenes o afectaciones de los bienes o derechos, habilitará al ejecutante a impulsar ante el tribunal la averiguación de bienes prevista en el ordinal siguiente.    Sobre la averiguación de bienes  del ejecutado, puede verse “Gabriel Valentín. “Averiguación de bienes de ejecutados.”  Economía y Mercados. Diario El Paìs. Comentarios legales. Pág. 15. Edición del día 9/9/2013